Aproximadamente 200 integrantes demandaron disculpa pública de la presidenta Sheinbaum y la secretaria de Gobernación por señalamientos a sus movilizaciones
Aproximadamente 200 integrantes de colectivos de búsqueda se manifestaron en la Plaza Guadalajara para protestar contra declaraciones de funcionarios federales que cuestionaron la legitimidad de sus movilizaciones por presuntos vínculos con financiamiento oscuro.
Según Lado B, los manifestantes exigieron una disculpa pública tanto de la presidenta Claudia Sheinbaum como de la secretaria de Gobernación por los señalamientos dirigidos a sus organizaciones.
Esta protesta refleja una tensión creciente entre el gobierno federal y los colectivos de búsqueda, organizaciones que han cobrado relevancia en México durante los últimos sexenios como respuesta a la crisis de desapariciones forzadas. Los colectivos operan de manera descentralizada, financiándose principalmente a través de donaciones privadas, eventos benéficos y apoyo de activistas. La acusación de financiamiento oscuro constituye, según estos grupos, un cuestionamiento a la legitimidad de su trabajo de localización de personas desaparecidas.
Los colectivos de búsqueda ganaron visibilidad nacional durante la administración anterior y han mantenido operaciones en diversos estados. Su rol ha sido particularmente visible en Jalisco, Guanajuato, Nuevo León y otros estados con altos índices de desapariciones. Estas organizaciones frecuentemente colaboran con autoridades locales, aunque también han documentado casos en los que las instituciones no responden a sus hallazgos.
La manifestación en Guadalajara es la primera respuesta organizada de estos colectivos ante las declaraciones de funcionarios federales sobre su financiamiento. Las acusaciones de recursos de origen dudoso han sido un punto de fricción recurrente entre grupos de la sociedad civil y gobiernos de distintas administraciones, siendo utilizadas ocasionalmente para desacreditar movilizaciones sociales.
La crisis de desapariciones en México registra, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), más de 100,000 casos pendientes. Esta cifra acumulada ha impulsado la organización de colectivos como respuesta a la capacidad limitada de las autoridades para investigar y localizar a las personas desaparecidas.
La postura del gobierno federal respecto a estos colectivos será un indicador de cómo la administración Sheinbaum se relacionará con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de seguridad y derechos humanos. La exigencia de disculpa pública sugiere una ruptura en la confianza entre estas organizaciones y las instituciones federales.
Por Jose Hernandez