MESECVI expresa preocupación por proyecto de ley que busca despenalizar la tipificación específica del delito

El Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI) expresó su profunda preocupación y rechazo ante el Proyecto de Ley N°10342 presentado en Perú, que busca eliminar la tipificación específica de feminicidio del código penal peruano.

Según CIMAC, el organismo internacional advirtió sobre los riesgos de esta iniciativa legislativa, que representaría un retroceso significativo en la protección de los derechos de las mujeres en la región andina.

La propuesta peruana plantea la desaparición de la figura legal del feminicidio, lo que implicaría que los homicidios de mujeres por razones de género se tipificarían únicamente como homicidio común, eliminando así una categoría delictiva que existe específicamente para reconocer y sancionar crímenes motivados por discriminación de género.

Esta posición del MESECVI refleja una línea consistente de protección a nivel interamericano. El mecanismo, creado bajo el marco de la Convención de Belém do Pará (tratado internacional de 1994), funciona como organismo de monitoreo y evaluación de los avances en la lucha contra la violencia de género en los países americanos.

Perú tiene antecedentes complejos en esta materia. El país adoptó la tipificación de feminicidio en 2011 mediante la Ley N°29819, respondiendo a presiones internacionales y de movimientos de derechos humanos tras años de violencia extrema contra mujeres. Desde entonces, la figura legal ha permitido procesar y condenar específicamente a autores de homicidios cometidos en contexto de relaciones de género, parejas o expareja, así como muertes por prejuicio.

Los datos disponibles indican que la aplicación de esta tipificación ha sido variable. Según reportes de organizaciones peruanas de derechos humanos, el país registra aproximadamente mil homicidios de mujeres anuales, aunque no todos se procesan como feminicidios. La discrepancia entre cifras de violencia letal y sentencias por feminicidio específicamente refleja desafíos en la investigación y acusación de estos delitos.

La propuesta peruana N°10342 emerge en un contexto regional complejo. América Latina experimenta tasas de feminicidio entre las más altas del mundo. Guatemala, Honduras, El Salvador y México han registrado cifras devastadoras. En respuesta, muchos países de la región han adoptado y fortalecido tipificaciones específicas de feminicidio durante las últimas dos décadas, generando un movimiento legislativo en dirección opuesta a lo que Perú ahora propone.

La posición del MESECVI también se alinea con estándares internacionales establecidos por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estos mecanismos argumentan que la tipificación diferenciada de feminicidio cumple funciones que van más allá de lo puramente legal: reconoce públicamente la dimensión de género de estos crímenes, facilita recopilación de datos sistemáticos sobre violencia letal contra mujeres y envía una señal simbólica de que estos delitos son tratados con seriedad específica.

En Perú, organizaciones locales de derechos de las mujeres también han cuestionado la iniciativa. Argumentan que la eliminación de la tipificación de feminicidio desmantelaría una herramienta legal construida tras años de lucha y evidencia de violencia sistemática.

El rechazo del MESECVI no es vinculante legalmente, pero representa presión internacional sobre el congreso peruano. Organismos como este han ganado influencia en debates legislativos latinoamericanos durante las últimas dos décadas, especialmente en temas de género y derechos humanos.

No está claro en este momento si el Proyecto de Ley N°10342 avanzará en el congreso peruano o enfrentará obstáculos que impidan su aprobación. La posición oficial del gobierno peruano sobre la iniciativa tampoco ha sido ampliamente documentada en reportes disponibles.

Este caso refleja un patrón regional: mientras que la mayoría de países latinoamericanos han fortalecido leyes contra feminicidio en las últimas dos décadas, ocasionalmente emergen iniciativas que cuestionan estas tipificaciones, generalmente bajo argumentos de igualdad ante la ley o simplificación del código penal. Estas propuestas típicamente enfrentan rechazo de organismos internacionales, movimientos de derechos de las mujeres y, en muchos casos, amplios sectores de la sociedad civil.


Por David Castro