Los datos sobre la composición del nuevo Poder Judicial revelan una paradoja que la narrativa oficial no ha explicado

El dato más revelador de la reforma judicial mexicana no está en los discursos ni en los comunicados de prensa: está en un número. Según información publicada esta semana, la mayoría de los jueces que ganaron sus cargos mediante elección popular ya ejercían funciones dentro del Poder Judicial antes de los comicios. En otras palabras, el mecanismo diseñado para renovar desde sus cimientos al sistema de justicia del país ha producido, en gran medida, la reelección encubierta del personal que ya ocupaba esas instituciones.

Ese dato merece un análisis frío, sin eufemismos.

El argumento original y lo que los números muestran

La reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024 descansaba sobre una premisa central: el Poder Judicial mexicano estaba capturado por élites corporativas y por redes de nepotismo que lo hacían impermeabler a la voluntad ciudadana. La solución propuesta fue la elección directa de jueces, magistrados y ministros, un modelo sin precedente a escala en ningún sistema jurídico del mundo con instituciones comparables en tamaño y complejidad.

El argumento tenía una lógica interna: si el problema era la endogamia, la apertura al voto popular rompería esa endogamia. Los datos disponibles hasta ahora sugieren que esa lógica no se materializó de la manera esperada. Cuando la mayoría de los ganadores ya pertenecían al sistema, el proceso electoral no introdujo perfiles externos; reconfiguró, en términos formales, la legitimidad de origen de operadores judiciales preexistentes.

Esto no es trivial. Desde el punto de vista institucional, existe una diferencia sustancial entre un juez que obtiene su cargo por designación técnica y uno que lo obtiene por voto popular: el segundo tiene un mandato democrático directo que, en teoría, lo hace más responsable ante la ciudadanía. Pero esa diferencia se diluye cuando el candidato ya conoce el sistema desde adentro, ya tiene redes dentro de él y ya fue formado por la misma cultura institucional que se buscaba transformar.

Precedentes comparados: cuando la reforma reproduce lo que combate

La historia comparada de reformas judiciales ofrece patrones relevantes. En Bolivia, la elección de jueces por voto popular —implementada a partir de 2011— fue estudiada por académicos de la Universidad de Chile y del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA). Sus conclusiones, publicadas en 2017, documentaron que la mayoría de los candidatos en las primeras dos rondas electorales provenían del mismo ecosistema judicial previo, y que la independencia efectiva de los tribunales no mostró mejoras estadísticamente significativas respecto al período anterior a la reforma.

El caso boliviano no es idéntico al mexicano —las escalas institucionales son distintas y el diseño del proceso difiere en aspectos importantes—, pero la tendencia estructural que revela es comparable: los sistemas institucionales tienden a reproducirse porque quienes ya operan dentro de ellos poseen ventajas de información, visibilidad y redes que los candidatos externos difícilmente compensan en el corto plazo.

En el contexto mexicano, esa ventaja estructural se amplifica por un factor adicional: la brevedad del período de campaña y la escasa difusión pública de los perfiles de los candidatos en muchas entidades. Sin información suficiente, el voto tiende a favorecer a quienes ya tienen reconocimiento institucional.

Las implicaciones para el acceso a la justicia

La pregunta que los datos obligan a formular es concreta: ¿qué cambia en la práctica para los justiciables?

El informe de esta semana sobre los obstáculos que enfrentan los sobrevivientes de crímenes contra comunidades indígenas para acceder a justicia apunta a una dimensión que la reforma electoral de jueces no abordó directamente: la distancia estructural entre el sistema formal y las poblaciones que más lo necesitan. Esa distancia no se mide en boletas sino en recursos, en idioma, en geografía, en capacidad de litigio.

De manera paralela, el reporte de Amnistía Internacional que documenta 44 ciudadanos mexicanos condenados a muerte en prisiones de Estados Unidos ilustra otra arista del mismo problema sistémico: la asistencia consular y la representación legal adecuada son, en muchos casos, el factor determinante entre la vida y la muerte. Esa capacidad institucional no depende del método de selección de los jueces domésticos, sino de la robustez diplomática y legal del Estado mexicano frente a sistemas externos.

Los dos fenómenos —la falta de acceso para comunidades indígenas y la vulnerabilidad de nacionales en el exterior— señalan que los desafíos más urgentes del sistema de justicia mexicano son de naturaleza material y estructural, no exclusivamente de legitimidad de origen de sus operadores.

Lo que los datos no dicen todavía

Sería metodológicamente incorrecto concluir, a partir de un solo ciclo electoral, que la reforma ha fracasado. Los datos disponibles describen una fotografía de corto plazo: quién ganó y de dónde venía. No describen todavía cómo resolverán los casos, con qué criterios interpretarán la ley ni si su comportamiento jurisdiccional diferirá del de sus predecesores.

La evidencia comparada sugiere que los cambios institucionales profundos requieren entre uno y tres períodos completos para mostrar efectos medibles en indicadores como tasas de resolución, calidad de las sentencias o niveles de confianza ciudadana. México no tiene aún esos datos porque el proceso es nuevo.

Lo que sí puede afirmarse con los elementos disponibles es que el primer ciclo no generó la ruptura de perfiles que la narrativa reformista anticipaba. Si esa tendencia se confirma en los próximos procesos, la pregunta obligada para legisladores y ciudadanía será si el método de selección es la variable determinante, o si existen otras palancas —formación, supervisión, rendición de cuentas, recursos— que inciden de manera más directa en la calidad de la justicia que se imparte.

Conclusión: medir lo que importa

Las reformas institucionales se evalúan por sus resultados, no por sus intenciones. El indicador más honesto del éxito de la reforma judicial mexicana no será el porcentaje de jueces electos que provenían o no del sistema anterior. Será si los ciudadanos —especialmente los más vulnerables— obtienen resoluciones más justas, más rápidas y más accesibles que antes.

Los datos del primer ciclo electoral no permiten responder esa pregunta todavía. Sí permiten afirmar que la hipótesis de ruptura con la que se justificó la reforma enfrenta evidencia temprana que la complica. Registrar esa evidencia con precisión, sin triunfalismos ni catastrofismos, es la condición mínima para que el debate público sobre el Poder Judicial sea de utilidad real.

Los hechos están disponibles. Lo que falta es leerlos sin agenda.

Por Maria Ortega